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Principios del Régimen Sancionatorio Tributario

Por Edinson Pino Castillo

 

 

La actividad sancionadora en lo administrativo y en lo penal “son expresiones de la facultad punitiva del Estado, y en ambas deben respetarse las garantías del debido proceso, unas y otra persiguen fines diferentes; en especial, esta diferente teleología se ha puesto de presente en relación con la potestad disciplinaria de la Administración como expresión de la facultad administrativa sancionadora (…)(Sentencia C-506 de 2002, Corte Constitucional.)

Ahora bien, la determinación de sanciones tributarias es un delicado tema que debe ser atendido con especial cuidado porque se trata de la facultad sancionadora del estado cuando se comete una "infracción tributaria" “. Sobre este concepto, ha dicho la Corte Constitucional que el “encierra tanto el desconocimiento de normas que regulan el deber de tributar (obligaciones tributarias sustanciales), como el de todas aquellas que si bien no desarrollan directamente este deber, sí señalan cargas que facilitan la función fiscal de la administración (obligaciones tributarias formales). Son obligaciones accesorias o secundarias a la de carácter sustancial, y pueden consistir en obligaciones de dar, hacer o no hacer” (Sentencia C-160-1998). 

 

En determinados casos, el régimen sancionatorio consagra responsabilidades objetivas, es decir sanciona un hecho sin importar las motivaciones para la ocurrencia del mismo, por ejemplo una extemporaneidad en una declaración tributaria, una información suministrada errada, extemporánea o incompleta. Es decir las sanciones tributarias proceden:

1.    Cuando has dejado de pagar un tributo al estado o has pagado menos de lo que te tocaba (obligación sustancial).
2.    Cuando has dejado de cumplir una obligación formal. Por ejemplo no declaraste, no informaste.
3.    Cuando has cumplido mal una obligación formal. Por ejemplo no firmó quien debía firmar una declaración, presentaste una declaración sin pago (retención en la fuente y autorretención de cree).

 

Siempre, el estado debe respetar el debido proceso, no se puede exceder cuando sanciona. En efecto, “El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, se encuentra limitado por el respeto a los principios y garantías que rigen el debido proceso. Los principios y garantías propios del derecho penal, con ciertos matices, pueden ser aplicados en el campo de las sanciones administrativas, y, concretamente, a las infracciones tributarias. Aplicación que debe hacerse en forma restrictiva, a efectos de garantizar el interés general implícito en ellas, y sin desnaturalizar las características de cada una de las áreas en las que el Estado ejerce su facultad sancionadora. En conclusión, los principios que inspiran el debido proceso, tienen aplicación en el campo de las infracciones administrativas, incluidas las tributarias, aplicación que debe conciliar los intereses generales del Estado y los individuales del administrado”. (Corte Constitucional, Sentencia C-160-1998).

 

Las sanciones tributarias las liquida el estado en algunos casos y el contribuyente en otros. En todo caso, sustentados –entre otros- en los principios constitucionales (dignidad humana, debido proceso, derecho a la defensa, derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad de empresa), en los principios del derecho administrativo, en el espíritu de justicia consagrado en el Estatuto Tributario Nacional y en  lo consagrado en la ley 1607 de 2012 (artículos 193 y 197), los principios que deben seguirse al momento de liquidar una sanción tributaria son:

 

1. Principio de lesividad.

Significa que si no hay daño al estado no hay sanción, este principio, aplica para calcular las sanciones relacionadas por no cumplir una obligación sustancial o por cumplirla mal. Por ejemplo, una corrección que no altera el valor a pagar no genera sanción de corrección. (Ley 1607 de 2012, art 197).

 

2. No hay sanción sobre sanción.

Al momento de calcular sanciones, debo excluir de la base de cálculo de las mismas, cualquier otra sanción. Por ejemplo, si voy a liquidar intereses de mora, en la base de cálculo no debo incluir la sanción de extemporaneidad o de corrección.,

 

3. No coexisten sanciones diferentes para un mismo hecho sancionable, excepto los intereses moratorios (coexisten con la sanción de corrección, de extemporaneidad, de inexactitud o sanción por no declarar).

 

4. Una sanción no puede ser confiscatoria.

Una sanción tributaria no te debería arruinar. Sobre este tema, dijo la Corte Constitucional en Sentencia C-528/13 que “la confiscatoriedad se da cuando la actividad económica del particular se destina exclusivamente al pago del mismo (tributo), de forma que no existe ganancia”. En otra sentencia, la misma Corte Constitucional (Sentencia C-249/13)   dijo que  “La prohibición de impuestos confiscatorios no se deriva empero de la proscripción de penas de confiscación (CP art. 34), sino de la protección constitucional a la propiedad y la iniciativa privadas (CP arts. 58 y 333) y de los principios de justicia y equidad tributarias (CP arts. 95-9 y 363)”.

 

5. Principio de legalidad (Ley 1607 de 2012, art 197).

Las sanciones deben corresponder a falta señaladas en la ley como hechos sancionables.

 

6. Principio de favorabilidad (Ley 1607 de 2012, art 197).

En materia sancionatoria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Por ejemplo, si para un hecho sancionable un municipio contempla una sanción menor que la contemplada en el Estatuto Tributario Nacional, el contribuyente debe pagar la sanción menor.

 

7. Principio de proporcionalidad (Ley 1607 de 2012, art 197).

La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. Si no se cumple este principio, una sanción se puede tornar confiscatoria.

 

8. Principio de gradualidad (Ley 1607 de 2012, art 197).

La sanción deberá ser aplicada en forma gradual de acuerdo con la falta de menor a mayor gravedad, se individualizará teniendo en cuenta la gravedad de la conducta, los deberes de diligencia y cuidado, la reiteración de la misma, los antecedentes y el daño causado. El Consejo de Estado, en sentencia 14451 del 7 de diciembre de dos mil cinco (2005), Sección Cuarta, con Consejera ponente LIGIA LOPEZ DIAZ dijo que: “ para la correcta aplicación de la ley, debe existir  una evaluación previa de la conducta  del infractor, dada la gravedad y efectos que conlleva la aplicación de dicha sanción , (…) Se hace entonces necesario ponderar la gravedad de la falta y del perjuicio causado con la omisión, para determinar si es pertinente la sanción”.

 

9. Principio de economía (Ley 1607 de 2012, art 197).

Se propenderá para que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos para quienes intervengan en el proceso, que no se exijan más requisitos o documentos y copias de aquellos que sean estrictamente legales y necesarios.

 

10. Principio de eficacia (Ley 1607 de 2012, art 197).

Con ocasión, o en desarrollo de este principio, la Administración removerá todos los obstáculos de orden formal, evitando decisiones inhibitorias; las nulidades que resulten de vicios de procedimiento, podrán sanearse en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud del interesado.

 

11. Principio de imparcialidad (Ley 1607 de 2012, art 197).

Con el procedimiento se propone asegurar y garantizar los derechos de todas las personas que intervienen en los servicios, sin ninguna discriminación; por consiguiente, se dará el mismo tratamiento a todas las partes.

 

12. Principio de  integración normativa (Ley 1607 de 2012, art 197).

En la aplicación del régimen sancionatorio prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y la Ley.

 

Para concluir, debo señalar que la liquidación de sanciones tributarias es un tema tan complejo e importante como la misma liquidación del tributo que las genera, por ello, el conocimiento de los principios sancionatorios señalados es vital para evitar errores costosos.


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